La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial de España financió un estudio que analiza el marco teórico, normativo y jurisprudencial del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, elaborado por un grupo de expertas de las universidades de Granada, Autónoma de Barcelona y del País Vasco.

Dicho informe, que se dio a conocer el pasado 12 de noviembre, analiza los protocolos desarrollados por las administraciones públicas y las empresas para enfrentar estos fenómenos.

Según el documento, a partir  de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del 2004, existe una nueva cultura jurídica en esta materia.

Algunas conclusiones del estudio apuntan a que existen diferencias entre el contenido normativo impulsado por el moderno derecho antidiscriminatorio y su recepción por los operadores jurídicos.

Además, el impacto de la Ley de Igualdad en el ámbito contencioso-administrativo y social es calificado como nulo, mientras que en el ámbito social, “continúa la dinámica de trasladar requisitos jurisprudenciales desfasados, reinventando el contenido normativo del acoso discriminatorio por razón de género”.

Por ello, considera necesaria la formación en género y derecho antidiscriminatorio para los operadores jurídicos, en general, y el Poder Judicial, en particular.

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