Parlamento francés discutirá controvertida ley de inteligencia

La Asamblea Nacional de Francia inició la discusión de un proyecto de ley que busca reforzar los procedimientos de inteligencia a gran escala. La normativa crea un marco jurídico para la interceptación de comunicaciones electrónicas y el rastreo de personas y vehículos.

Las redes sociales, las operadoras, los motores de búsqueda en internet y las empresas que alojan bases de datos estarían obligados a comunicar a los servicios secretos las actividades de usuarios sospechosos de terrorismo o espionaje.

El proyecto de ley también prevé legalizar prácticas habituales que los servicios secretos realizan solo bajo mandamiento judicial. De esta manera, podrían colocar micrófonos donde lo consideren necesario, entrar a domicilios en situaciones excepcionales y acceder, en tiempo real, a los computadores de los sospechosos.

Igualmente, se usarían sistemas denominados Imsi Catcher, que, situados en un lugar determinado, pueden registrar todos los datos de teléfonos o computadores de sospechosos y de quienes se encuentren en las proximidades.

Según el primer ministro francés, Manuel Valls, el objetivo de esta normativa es “dar a los servicios de inteligencia recursos a la altura de los retos que enfrenta nuestro país”. Valls argumentó la necesidad de vigilar más eficazmente los movimientos yihadistas, recalcando que en Francia “1.900 individuos están involucrados en estas redes terroristas”.

Sin embargo, la ley es duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos e instituciones que velan por la privacidad de los internautas, para quienes se trata de una intrusión masiva en la vida de los ciudadanos.

La presidenta de la ONG Amnistía Internacional en Francia, Geneviève Garrigos, puso en tela de juicio el acceso de los cuerpos de seguridad del Estado a la intimidad de las personas, así como su vigilancia constante. Además, estimó que los motivos por los cuales el Ejecutivo podría decidir analizar los datos recabados sobre un individuo son demasiado ambiguos o amplios.

“Esta ley no es solamente para las cuestiones de lucha contra el terrorismo, aparecen motivos de seguridad nacional, intereses económicos o de la diplomacia francesa y, sobre todo, no hay ningún control por parte de un juez", agregó.

Las críticas también llegan desde el campo judicial. La Orden de Abogados de París manifestó su inquietud ante un texto “realizado sin ninguna concertación previa con el mundo judicial”.

En efecto, el permiso para que los servicios secretos adelanten estas acciones lo daría el Primer Ministro, tras escuchar la opinión de una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información, integrada por cuatro parlamentarios, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto en telecomunicaciones.

(Con información de RFI y El País)