El Tribunal de Comercio de Toulon (Francia) consideró que la firma certificadora alemana TUV es responsable civilmente por faltar a sus obligaciones de control y vigilancia para prevenir los daños que causaron los implantes mamarios PIP (Poly Implant Prothèse) en las pacientes.

La  decisión obliga a TUV a pagar 3.000 euros por víctima, hasta que se realicen evaluaciones individuales a cada una de ellas.

El tribunal condenó a la compañía y a su filial francesa a reparar los perjuicios materiales e inmateriales causados a los distribuidores, y los perjuicios corporales y/o psicológicos causados a las portadoras de implantes PIP.

A su juicio, si se hubieran realizado inspecciones sin previo aviso a la fábrica, en vez de limitarse a un control documentario, “se podría haber descubierto fácilmente el fraude y evitado la magnitud del desastre”.

Según el fallo, el fabricante recurrió a un gel no homologado más barato que el legal, lo que generó un riesgo de ruptura de los implantes. La empresa PIP, fundada por Jean-Claude Mas, exportaba el producto a más de 60 países, en los cuales habría unas 300.000 mujeres afectadas.

El juicio se inició a petición de 1.700 pacientes, en su mayoría latinoamericanas, y de seis distribuidores internacionales. Las víctimas reclaman, cada una, 16.000 euros por perjuicios morales, y los distribuidores, 28 millones.

En el juicio penal que se celebró en Marsella, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para el fundador de la compañía, y el Ministerio Público solicitó una multa de 100.000 euros e inhabilitación de por vida.

Con información de El País