España debe extraditar o juzgar a responsables de violaciones graves de derechos humanos: ONU

Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtió que el Estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos (DD HH), mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas.

La declaración se produjo a raíz de la decisión del Consejo de Ministros de España de no extraditar a 17 ciudadanos españoles, incluidos varios exministros, acusados por la justicia argentina de violaciones graves a los DD HH cometidas durante el régimen franquista.

“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, indicaron los expertos, que han mantenido comunicación con el gobierno español en relación con las extradiciones ordenadas en octubre del 2014, en el marco de la llamada “querella argentina”, en la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos.

La justicia argentina estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa humanidad, y pide poder juzgar a los responsables bajo el principio de jurisdicción universal.

“Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición. Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justica para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad”, señalaron.

Los expertos recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Consejo de Ministros “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos”.

Según explicaron, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves a los DD HH, pues “la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.

Además, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, “es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Así mismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona”, aclararon.

El Gobierno también invocó los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación. Sin embargo, los expertos de la ONU explicaron que dichos principios no se aplican en estos casos, ya que, a la fecha, -más de 40 años después de los hechos- no se han iniciado en España investigaciones sobre estos delitos, que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo.

Por su parte, la ONG, Amnistía Internacional señaló que España “ni está investigando ni permite a la justicia argentina investigar los más graves crímenes del franquismo, como la tortura, el robo de bebés y las ejecuciones extrajudiciales, que la justicia argentina enmarca como crímenes de lesa humanidad”.

La organización reiteró lo mencionado por los organismos de Naciones Unidas, que señalan que el gobierno no puede utilizar el argumento de la prescripción de los delitos para no extraditar o juzgar, ya que algunos de esos crímenes, como la tortura o la desaparición forzada, pueden constituir crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, no prescribirían.

“España no solo está incumpliendo con sus obligaciones internacionales, sino también el tratado bilateral de cooperación judicial que tiene con Argentina. La falta de colaboración de España no tiene excusa: los argumentos que utiliza para denegar la extradición son contrarios al derecho internacional”, agregó Ignacio Jovtis, responsable de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional España.