Congreso mexicano aprueba reforma a las telecomunicaciones

El Congreso de México aprobó un paquete de leyes de reforma a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, una de las mayores apuestas del presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, desde que asumió el cargo.

La iniciativa recibió la aprobación de la Cámara de Diputados, luego de que el Senado la avalara el sábado pasado. Con ello, al texto solo le resta ser promulgado por el Ejecutivo, para entrar en vigencia.

La futura legislación establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declarará la preponderancia de una empresa por sector (radiodifusión y telecomunicaciones) y no por servicios (radio, televisión abierta, telefonía fija y móvil, internet y televisión restringida).

En ese sentido, cuando el IFT determine la presencia de una empresa preponderante en algún sector, podrá imponerle medidas para restringir su control del mercado y evitar que incurra en prácticas monopólicas.

En el caso del sector telecomunicaciones, en el cual el IFT ya declaró la preponderancia de América Móvil, del empresario Carlos Slim, el texto normativo, contempla que el instituto podrá prohibir que se les cobre a otros operadores por las llamadas fijas o móviles que hagan uso de su red.

Igualmente, se estableció que el Estado tendrá que licitar concesiones para dos nuevas cadenas de televisión abierta, y que los concesionarios de radio y televisión comercial deberán mantener un equilibrio entre su programación y la publicidad que transmiten.

De otro lado, se consagran los tipos de faltas en los que podría incurrir un operador y a qué autoridad le corresponderá aplicarlas. Si son violaciones a los derechos de los usuarios, como cobros indebidos, serán responsabilidad de la Procuraduría Federal del Consumidor; si se trata de violaciones en materia de contenidos audiovisuales o de transmisiones en tiempos del Estado, serán facultad de la Secretaría de Gobernación, y si son violaciones a normas de competencia, corresponderán al IFT.

La norma también obliga a que las empresas de telefonía garanticen la portabilidad de números telefónicos de forma gratuita. Así mismo, los operadores estarán obligados a guardar por dos años un registro de las comunicaciones de sus usuarios, para que las autoridades puedan consultarlo por razones de seguridad.

Finalmente, las empresas que incumplan las normas de competencia u otras resoluciones podrán ser sancionadas hasta con el 10 % de sus ingresos.

Con información de CNN