Brasil decretará “muerte empresarial” en casos de soborno

Una nueva ley en Brasil permite que las empresas, como personas jurídicas, sean procesadas cuando sus empleados incurran en actos de corrupción que afecten a servidores públicos, con la posibilidad de aplicar duras sanciones, que incluyen la disolución de la compañía o la aplicación de la “pena de muerte empresarial”.

La norma también incluye a las asociaciones nacionales que actúen tanto en el país como en el exterior, así como a las extranjeras que operen en Brasil.

Las empresas que incurran en estas actuaciones, además de tener que resarcir al Estado por los daños provocados, deberán pagar multas que pueden variar entre el 0,1 % y el 20 % de su facturación bruta del año anterior o, cuando no se puedan probar sus ingresos, entre 6.000 y 60 millones de reales (entre 2.500 y 60 millones de dólares).

En los casos más graves o de reincidencia, las autoridades podrán pedirle a la justicia que los bienes de la empresa sean confiscados y que la compañía sea liquidada.

Hasta ahora, solo los empresarios o empleados de una compañía, es decir, las personas físicas, podían ser juzgados penalmente por daños al patrimonio público o por infringir principios de la administración pública.

El Congreso aprobó la ley ante la ola de protestas violentas que azotaron Brasil en junio del 2013, cuando manifestantes salieron a las calles para rechazar el aumento en las tarifas del transporte, los altos impuestos y los malos servicios.

Con la nueva ley, Brasil cumple la convención contra sobornos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que penaliza los sobornos a funcionarios extranjeros cometidos en transacciones comerciales internacionales.

Con información de La Nación