Avanza propuesta para ampliar la justicia gratuita en España

Un proyecto de ley que busca extender el principio de justicia gratuita para las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de personas fue aprobado este viernes por el Consejo de Ministros de España.

Según el jefe de cartera de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la iniciativa busca que “nadie quede fuera de los tribunales por carecer de recursos económicos”. La medida cobija a las asociaciones de discapacitados, los sindicatos y representantes de los trabajadores, la Cruz Roja, las entidades gestoras de la seguridad social y el Servicio Público de Empleo.

De acuerdo con la propuesta, tendrán derecho a un abogado y a un procurador de oficio (y a no pagar tasas) las familias cuyos ingresos totales sean inferiores a 15.975 euros brutos anuales (o 19.170, si son cuatro miembros o más). En el caso de personas que vivan solas y sin hijos, el tope serán 12.780 euros brutos anuales.

Además, estas personas tendrán derecho a asesoramiento, orientación, información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales.

La propuesta contempla la inserción gratuita de anuncios o edictos, exención del pago de tasas y depósitos, asistencia pericial, obtención de copia, testimonio, instrumentos y actas notariales y reducción del 80 % de los derechos arancelarios requeridos por el órgano judicial.

Por otro lado, introduce controles para que no haya abusos ni fraudes en el ejercicio de la prestación gratuita. Así, se establece una “presunción de abuso”, cuando la persona solicite este derecho tres veces al año, en todos los órdenes, salvo en el penal. En ese caso, podrá pedirlo, pero acreditando su necesidad.

Si en el plazo de cuatro años el beneficiario mejora sus recursos y sus ingresos constituyen el doble del umbral por el que accedió a la justicia gratuita, la parte contraria podrá reclamar los costes que le fueron impuestos.

Con el fin de agilizar los trámites para la obtención de esta justicia, los colegios y las administraciones deberán utilizar el expediente electrónico en sus comunicaciones, mientras se crea un comité de consultas en el Ministerio de Justicia que preste un servicio homogéneo en todas las comunidades.

(Fuentes: ABC.es y El País)