Los ataques contra los operadores de justicia relacionados con el cumplimiento de su deber tienen una especial gravedad, entre otras razones, por el efecto intimidador y amedrentador sobre otros funcionarios y el riesgo de que los casos que representan queden en la impunidad.

Así lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al condenar el asesinato de la fiscal y exsenadora de Trinidad y Tobago, Dana Seetahal, ocurrido el pasado 4 de mayo.

Según información recibida por la CIDH, este crimen podría estar vinculado con la labor de Seetahal en la investigación de casos de alto perfil y su participación en iniciativas legislativas para ayudar en la lucha contra el crimen y mejorar la administración de justicia.

La Comisión recordó que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sumen en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

Por otra parte, insistió en la obligación de los Estados de investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, e hizo un llamado para que adopten medidas que garanticen el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo de los operadores de justicia.

(CIDH, Comunicado 52, may.9/14)