A través de un comunicado, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial instó a los servidores judiciales que persisten en el cese de actividades para que restauren la prestación del servicio público de administrar justicia, que debe ser permanente y regular, bajo el principio de continuidad (sin interrupciones en el tiempo ni en el espacio). Así mismo, les recordó su misión constitucional y legal como garantes de los derechos, obligaciones y libertades. En su opinión, la prolongación, por más de 50 días, del paro de la justicia ocasiona consecuencias nefastas sobre la eficacia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la vigencia de la democracia.