La Corte Suprema de Justicia advirtió que, al examinar la legalidad de un preacuerdo, el juez no puede invadir las competencias de la Fiscalía e imponer su criterio sobre la imputación, pues termina desnaturalizando el sistema adversarial, al convertirse en un segundo acusador. Así, dice, se aparta del principio de imparcialidad el operador jurídico que se dedica a imponer su visión alrededor de los hechos jurídicamente relevantes en la imputación, efectuando un control material sobre la acusación. Con estos argumentos, la Sala Penal dejó sin efectos el control judicial efectuado alrededor de un preacuerdo, debido a que el juzgador corrigió lo imputado al punto de hacer más gravosa la interpretación de los hechos punibles a atribuir al indiciado (M. P. Leonidas Bustos).