La Corte Constitucional advirtió a dos juzgados civiles de Bogotá que, so pena de hacerse merecedores a sanciones, la información registrada en sus bases de datos acerca de los procesos que cursan en sus despachos debe ser veraz. Ello, dice la corporación, en aras de mantener la seguridad jurídica de los ciudadanos. En el caso concreto, pese a que el sistema de gestión judicial daba cuenta del inicio de un trámite de segunda instancia en un despacho judicial, la apelación a la demanda ya había sido radicada en otro, según lo comprobó el alto tribunal. Frente a los alegatos del accionante respecto al supuesto defecto fáctico de una sentencia judicial, la Corte no encontró que se dieran omisiones al decretar las pruebas, ni valoraciones arbitrarias de ellas por parte del juez, que dieran lugar a la procedencia de la acción de amparo constitucional (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).