El proyecto de ley que pretende que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado acredite aprobación del examen de Estado pasó a último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Este examen, que lo realizaría el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) directamente o a través de una institución de educación superior acreditada en alta calidad, se entenderá aprobado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional. Igualmente, la iniciativa afirma que la certificación de la aprobación será exigida por la corporación indicada o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la tarjeta profesional de abogado. En el evento que al menos el 33 % de los estudiantes de una institución de educación superior no superen la media nacional, el Ministerio de Educación deberá imponer medidas preventivas, establecidas en la Ley 1740 del 2014, y si en el siguiente examen los estudiantes no superan este porcentaje se considerará una afectación grave de las condiciones de la calidad del servicio y el ministerio deberá imponer las medidas administrativas correspondientes.