Con la condena a la Nación por la toma de la base militar de Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), se originó una línea desarrollada por el Consejo de Estado en 14 providencias, mediante las cuales ha instado a la institucionalidad a denunciar ante autoridades penales del nivel nacional y ante organismos multilaterales las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) provocadas por grupos armados ilegales, especialmente las FARC. Mediante la Sentencia 15838 del 2011 no solo se reconoció la responsabilidad del Estado en atentados perpetrados por fuerzas que le son adversas, sino que se solicitó por primera vez informar las violaciones a las convenciones internacionales por parte de los alzados en armas. La colegiatura considera que aun cuando la administración guarde responsabilidad por falta de previsión en tales atentados, debe procurar que se condenen las violaciones a convenciones internacionales por parte de grupos armados ilegales en el marco del conflicto. El último de los precedentes se dio en la condena generada por una toma guerrillera a Orito (Putumayo).