La Corte Constitucional declaró como ajustada a la Carta Política de 1991 la ley que aprueba el cambio de nombre a la Organización Latinoamericana de Energía por el de Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, que supone la inclusión de naciones de la región que comprende el mar Caribe (Ley 1584 del 2012). Según la corporación, esta transformación no vulnera en manera alguna la Constitución, sino que fortalece los procesos de integración que promueve el tratado, al reflejar más convenientemente a los Estados parte. La Procuraduría había coincidido con la postura asumida por la Sala Plena. Los magistrados María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas aclararon el voto, para esclarecer por qué, a su juicio, no se dio una ruptura en la cadena de anuncios, que viciara de nulidad el trámite aprobatorio (M. P. Alberto Rojas).