El Consejo de Estado determinó que cuando se compruebe la ocurrencia de un daño antijurídico en contra de niños y sus familias en hogares comunitarios la responsabilidad es atribuible al ICBF. Indicó que, aunque el infortunio pueda producirse por acción u omisión de las madres comunitarias, es esta entidad estatal la encargada de la vigilancia, control y dirección del servicio público de protección a los menores. Esto a raíz de la muerte por envenenamiento de un niño que hacía parte de un hogar comunitario en Cumbal, Nariño. La Sección Tercera comprobó que el hecho se dio por el consumo de frutas que contenían pesticidas, que además causaron daño a la salud de otros infantes. La condena debe ser asumida solidariamente por la coordinadora del hogar, ya que mantenía a su cargo, junto con el ICBF, la obligación de velar por los intereses de una población de alta vulnerabilidad. (C. P. Carlos Alberto Zambrano).