El Consejo de Estado determinó que el ICA violó el derecho a la igualdad de los interesados al dejar de incluir estudios de agrología como uno de los requisitos para ocupar cargos de nivel directivo y profesional en la entidad. Indicó que pese a que el artículo 9° del Decreto 2539 de 2005 resaltó la necesidad de que ciertas entidades estatales ajustaran sus manuales de funciones específicas, fijando competencias funcionales y los requisitos de estudio y experiencia, esta profesión se identificaba plenamente con las funciones del ICA; de ahí que no pudiera suprimirse de los requisitos de estudio. La sala precisó que las personas que obtuvieron este título, pese a que no cuenta con pensum vigente en las universidades, por su similitud con otras profesiones, entre ellas la agronomía, conservarán derechos adquiridos frente a terceras personas (C. P. Gerardo Arenas).