En su primera sesión de la presente administración, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, le ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes no subastar predios rurales y traspasar al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) 4.000 propiedades, con el fin de entregarlos a los desplazados y a las víctimas de la violencia, en el marco de la nueva política de tierras. Estos predios equivalen a 100.000 hectáreas extinguidas y 400.000 incautadas en todo el país, que venían siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).