Este es un proyecto radicado por el Ministerio de Justicia que busca establecer sanciones para las personas jurídicas que ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero dinero o cualquier objeto de valor para que realicen, omitan o retarden cualquier acto relacionado con un negocio o transacción internacional. Se proponen multas para estas conductas de hasta 200 mil salarios mínimos, inhabilidad para ejercer el comercio, para contratar con el Estado y hasta la publicación en medios y páginas web del nombre de la persona jurídica sancionada. Estas sanciones administrativas no culminarían si hay fusiones, pues se aplicarían a la sociedad absorbente. La facultad sancionatoria tendría una caducidad de 10 años. También, se modificaría el Código Penal para castigar con prisión de 9 a 15 años a los responsables de la conducta. Finalmente, a los exservidores públicos se les prohibiría prestar servicios de asistencia, representación o asesoría relacionados con las entidades en las que desempeñaron funciones, hasta un año después de dejar el cargo.