Durante la firma del primer decreto reglamentario de la ley de alternativas de financiamiento para la Rama Judicial (Ley 1743 del 2014), el presidente Juan Manuel Santos se refirió a lo planteado por el expresidente César Gaviria, en el sentido de que la justicia transicional debería abarcar a todos los sectores que, de una u otra forma, hayan tenido relación con el conflicto armado interno. Añadió que es cierto que hay responsabilidades que van más allá de los combatientes directos y que deben ser examinadas dentro del marco de la justicia transicional. “Se viene presentando una enorme acumulación de procesos penales que dificulta en grado sumo la labor de la justicia, y ese exceso acaba favoreciendo la impunidad”, anotó que por ello se deben buscar soluciones más adecuadas, sin desmedro de los derechos de las víctimas. Explicó que esa visión ampliada de la cobertura de las soluciones jurídicas es totalmente compatible con la posición invariable del Gobierno sobre la necesidad de impedir la impunidad. Sin embargo, dejó claro que no hay lugar a una amnistía general. Eso está por fuera de toda consideración y agregó que “las penas alternativas que lleguen a considerarse deben ser penas efectivas, auténticas y no simples simulacros”.