Luego de expedir el Decreto 1352, por medio del cual el Gobierno busca optimizar y agilizar el proceso de evaluación que realizan las juntas calificadoras de invalidez en riesgos laborales, el Ministerio del Trabajo explicó que la nueva reglamentación busca reducir la demora en la entrega de dictámenes sobre accidentalidad laboral. El ministro Rafael Pardo explicó que otro giro trascendental es que dichas juntas tendrán personería jurídica y estarán adscritas a la cartera. Esto permitirá tener un control sobre su funcionamiento. En tal sentido, se estableció la competencia para sancionar por parte del ministerio, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. Las multas impuestas podrán alcanzar los 100 salarios mínimos. Así mismo, indicó que se reforzará la comisión técnica de apoyo, encargada de asistir cuando sea necesario a los evaluadores a través de conceptos médicos.