El Consejo de Estado responsabilizó a la administración por la muerte de un menor a raíz de la explosión de una granada en un lugar en el que las autoridades y guerrilleros de las Farc sostuvieron un enfrentamiento. Para la corporación, al margen de si son o no ciertas las afirmaciones de la demandada respecto a que el artefacto pertenecía a los guerrilleros, el daño es imputable a la Nación a título de falla en el servicio. Lo anterior porque aunque era su deber evitar que terceros causaran el daño no lo hizo, en tanto no inspeccionó que la zona donde se produjo el combate estuviera libre de elementos que pudieran atentar contra la vida de los civiles. El hecho de que el daño se hubiera concretado varios días después de la confrontación en nada modifica el origen de la producción del perjuicio, se indica en la decisión (C. P. Jaime Orlando Santofimio).