Facturas de servicios públicos son títulos ejecutivos que pueden ser cobrados por jurisdicción ordinaria o coactiva

La naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios no solo se determina por el tipo de sociedad que adopten, sino también por el porcentaje de aportes de capital público o privado con que cuenten, por lo que tendrán carácter oficial, mixto o privado. El capital de las empresas de servicios públicos mixtas estará conformado con aportes de la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas en un porcentaje igual o mayor al 50 %.

Ahora bien, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las facturas de servicios públicos domiciliarios que cumplan los requisitos legales y estén debidamente firmadas por el representante legal del prestador son títulos ejecutivos que pueden ser cobrados a través de la jurisdicción ordinaria o vía jurisdicción coactiva.

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios clasificadas como oficiales, mixtas o privadas pueden cobrar su cartera morosa a través de la jurisdicción ordinaria, mediante el proceso ejecutivo. Sin embargo, la facultad de efectuar el cobro de las facturas a través del procedimiento de cobro coactivo está en cabeza únicamente de las EICE y de los municipios cuando sean prestadores directos de los servicios públicos.

El prestador, en ejercicio de su autonomía administrativa, puede designar un apoderado judicial, que bien puede ser una persona natural o jurídica que preste servicios jurídicos, para que lo represente ante la jurisdicción ordinaria en el proceso ejecutivo o para que adelante en su nombre el procedimiento de cobro coactivo, siguiendo las reglas legalmente establecidas para la designación de apoderados.

La superintendencia carece de competencia frente a la revisión previa de los actos y contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Hacerlo podría configurar una extralimitación de funciones y la coadministración a sus vigilados, de manera que las acciones adelantadas por el prestador para recuperar su cartera morosa y si lo hace de forma directa o a través de apoderado judicial es un asunto que corresponde a su autonomía administrativa y financiera.