La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por las desapariciones forzadas de varios civiles y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985. Para el organismo, está probada la actuación sistemática de agentes estatales en contra de los sospechosos de colaborar con la guerrilla del M-19. “Eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”, precisó. Concretamente, la Corte consideró que el Estado era responsable de la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda, además de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán. A su vez, lo responsabilizó por las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis. El organismo internacional consideró que la culpabilidad de las instituciones también se deriva de la falta de acción de sus organismos jurisdiccionales y precisó que aun cuando no provocó la victimización de desaparecidos como Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma Constanza Esguerra, sí fue negligente en su deber de garantizarles su derecho a la vida.