Una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado estudió si los contralores provinciales ejercen autoridad administrativa en los términos del artículo 130 de la Ley 136 de 1994, en la cual se dictan una serie de normas  tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Se analizó lo preceptuado en el manual de funciones de la Contraloría General de la República y las resoluciones orgánicas expedidas en la materia. Así las cosas, el alto tribunal resolvió que el contralor provincial ejerce funciones de autoridad administrativa puesto que dirige la ejecución de la etapa de investigación; determina la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del decreto de medidas cautelares y debe configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal o indagación preliminar, entre otros (C.P. Rocío Araújo).