El Gobierno adoptó el protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta previa, un mecanismo de acoplamiento entre las entidades que facilitará el enlace de responsabilidades y compartirá criterios e información en las distintas etapas de los procesos de consulta de proyectos, obras o actividades (POA). La norma, que consta de seis capítulos, se aplicará, entre otros, en los proyectos prioritarios presentados y monitoreados por el gerente de proyectos de interés nacional y estratégicos (Pines). Según la disposición, los comités de seguimiento estarán integrados, entre otros, por la Dirección de Consulta Previa, el ejecutor del proyecto, los organismos de control, autoridades ambientales y representantes de las comunidades.