Con el objetivo de garantizar la libertad de competencia, así como proteger la libertad de contratación de los tomadores de seguros, el Ministerio de Hacienda acaba de expedir un decreto para modificar el Título II del libro 36 de la parte segunda del Decreto 2555 del 2010, en el sentido de diseñar procedimientos de obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera al momento de contratar, en nombre de sus deudores, los seguros asociados a créditos con garantía hipotecaria o de leasing habitacional. La norma busca promover la competencia en la contratación de esos seguros mediante el establecimiento de un procedimiento de licitación que facilite la participación de las aseguradoras interesadas. Además, prevé que el precio sea el único criterio de selección entre las aseguradoras que cumplan con un requisito de calificación crediticia mínimo. Por otra parte, prohíbe el cobro de sobrecostos asociados a la venta del seguro, tales como participaciones, comisiones o utilidades. Las instituciones financieras sujetas a las nuevas disposiciones contarán con cuatro meses de plazo para la implementación del procedimiento establecido a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.