Así lo sostuvo la Corte Constitucional al declarar condicionalmente exequible la norma que permite la exención, en el entendido que la obra, en todo caso, debe acogerse a las limitaciones impuestas territorialmente  (artículo 36 parcial de la Ley 1709 del 2014). La Sala admitió que dentro de las dos interpretaciones admisibles cabe aquella según la cual la atribución conferida a las autoridades encargadas de la construcción y mantenimiento de cárceles es incompatible con los artículos 287 y 313 de la Constitución, debido a que no les son exigibles controles propios de municipios y distritos. De ahí que, a pesar de que estas obras estarán exentas de licencia, deben acogerse a las disposiciones de los entes territoriales respecto al uso del suelo (M. P. María Victoria Sáchica).