Un juez administrativo de Cali (Valle) determinó que la administración causó un daño emergente a varios comerciantes afectados con las obras de adecuación del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO), por lo que ordenó repararlos con más de $ 645.000 millones. Ello porque, a pesar de estar actuando en cumplimiento de una actuación administrativa legítima, generó un daño que las víctimas no estaban obligadas a soportar. Adicionalmente, el tribunal aclaró que la oportunidad para demandar la reparación por daños de grupo debe contabilizarse desde el día posterior al cese de la actuación lesiva, según lo precisa artículo 47 de la Ley 472 de 1998, así desestimó la caducidad aducida por la defensa.