En un comunicado de prensa, la Procuraduría lamentó que el proyecto modificatorio de la Ley 418 de 1997 permita la creación de zonas de concentración de guerrilleros armados en territorios donde habita población civil. A juicio del Ministerio Público, tal permiso pone en manos de responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra a las víctimas, los campesinos, trabajadores, indígenas, afrodescendientes y en general a las personas que viven en dichas regiones, vulnerando la Constitución y el derecho internacional, que imponen al Estado y a las autoridades la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas. En ese sentido, afirmó que espera la intervención de la Corte Constitucional para corregir las graves falencias de la ley, con el fin de proteger a la población civil y no afectar la lucha contra la criminalidad organizada, ni la seguridad nacional.