El Consejo de Estado sostuvo que no se debe confundir la presunción de legalidad de las decisiones disciplinarias con su intangibilidad, por ello decretó la nulidad de la destitución e inhabilidad de 12 años que le impuso la Procuraduría General de la Nación al exalcalde de Medellín (Antioquia) Alonso Salazar. Adicionalmente, sostuvo que si bien hay diferencias en torno a la manera como la Corte Constitucional, el Ministerio Público y el propio operador contencioso han interpretado la prohibición de participación en política de los funcionarios, esta no debe llevarse al extremo de considerar que en cualquier acto o palabra en ejercicio de sus funciones puede configurarse la falta. A su juicio, ello equivaldría a aplicar una óptica incriminatoria, “asumiendo que existe una prohibición total de participación en política sin excepciones constitucionales y legales y atribuyéndose la potestad de escudriñar cada movimiento de los servidores públicos, a la búsqueda activa de la infracción, para detectar y reprimir con dureza”. Así las cosas, el hecho de que el sancionado se haya referido a los supuestos vínculos con paramilitares de un candidato a la alcaldía no lo llevaron a incurrir en la falta gravísima que le atribuyó el Procurador, sino en una falta leve, que lo hace merecedor a una amonestación, por el uso indebido de una información privilegiada a la que tuvo acceso (C. P. Gustavo Gómez).