El Gobierno adoptó una serie de medidas para enfrentar la crisis carcelaria del país, que van desde la asignación de nuevos recursos hasta el combate a la criminalidad en centros penitenciarios. La decisión fue tomada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que estableció un nuevo enfoque en la política del Sistema Penitenciario y Carcelario (SPC), que contará con más de un billón de pesos para ejecutar un plan de acción en los próximos cuatro años. De acuerdo con diagnóstico del Conpes, actualmente hay una grave situación institucional, social y humanitaria en las cárceles, producida por el hacinamiento, problemas de salubridad y carencia de servicios públicos, además de las altas tasas de criminalidad que se generan desde estos establecimientos, como es el caso de la extorsión. Entonces, la nueva política para el SPC fijada en el documento tiene tres objetivos: mejorar la infraestructura física, sanitaria, tecnológica y de capacidad humana; articular la política penitenciaria y carcelaria con la política criminal e integrar a los actores del nivel nacional con los territoriales y el sector privado. Así mismo, para efectos del cumplimento de los objetivos de esta política, las entidades involucradas en su ejecución gestionarán y priorizarán recursos para la financiación de las estrategias que se proponen, acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) del respectivo sector.