Aunque para la prestación del servicio público domiciliario de aseo las empresas prestadoras cuentan con amplias facultades, prerrogativas y privilegios propios de las autoridades públicas, con el fin de propiciar y favorecer la organización, continuidad, eficiencia y eficacia del servicio, el Estado, a quien le corresponde la función de prestar dicho servicio, conserva de manera exclusiva la regulación, el control y la vigilancia sobre dichas empresas, de manera que pueda asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, tal y como lo establece la Constitución Política. Así lo recordó la Superintendencia de Servicios Públicos, en oficio de enero.