La Corte Constitucional determinó que en los litigios relacionados con predios ubicados en zonas de trazado de vías públicas se debe integrar a la Nación como parte interesada en el proceso. Según esta previsión, el embargo, secuestro, remate, adjudicación y entrega de un inmueble que responda a estas características de ubicación no puede producirse sin la participación de la entidad estatal, esto es, el Ministerio de Transporte o la Agencia Nacional de Infraestructura. Dentro del caso en discusión, la Corte decretó la nulidad del mandamiento ejecutivo sobre un predio ubicado en la doble calzada Bogotá – Girardot, debido a que la administración no fue notificada para que interviniera en esta actuación, a pesar de tratarse de una obra pública (M. P. María Victoria Calle).