El informe de conciliación que publicamos indica que lo aprobado por el Senado, el pasado 11 de diciembre, debe ser la ley que acelerará los procesos de expropiación por motivos de utilidad pública. Así, se reformará la Ley de Infraestructura (Ley 1682 del 2013) para que los jueces puedan ordenar la entrega de los bienes inmuebles necesarios para proyectos de transporte, agua potable y saneamiento básico en un término improrrogable de 10 días hábiles. Lo anterior bajo la condición de superar la etapa de oferta y negociación directa. Precisamente, el precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los catastros descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones.