El Gobierno acaba de expedir un decreto para establecer los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Así mismo, señaló las garantías mínimas que se deben respetar para garantizar el derecho fundamental al debido proceso a los sujetos objeto de investigación administrativa. Igualmente, estableció las normas para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de normativa de prevención de riesgos laborales, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de las y los trabajadores. Dentro de los criterios para graduar las multas están: la reincidencia en la comisión de la infracción; la resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión por parte del ministerio; la utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos, entre otros. El decreto fija también los criterios de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción a los empleadores.