La Cámara de Representantes votará, en segundo debate, la propuesta para reformar la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario). Según la ponencia favorable, la detención preventiva de las personas que están siendo investigadas o juzgadas será excepcional. Además, se establecería que en ningún caso el derecho a la libertad, a la sustitución de la pena o a cualquier otro beneficio judicial podrá estar condicionado al pago de multas. Finalmente, se otorgarían facultades extraordinarias al Gobierno para expedir un decreto regulatorio de la privación de la libertad de miembros de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y de grupos rom.