Con el fin de mejorar la gestión pública y proteger el erario, la Presidencia de la República les solicitó a los jefes de la unidad de la oficina de control interno o quienes hagan sus veces en las entidades estatales reportar a la Secretaría de Transparencia los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento. Por lo anterior, tendrán que tener en cuenta los siguientes aspectos: el reporte se debe presentar en el momento en que se evidencie el posible delito contra la administración pública o acto de corrupción; se presentará por escrito y será remitido por medios electrónicos, siguiendo los formatos y parámetros que para este efecto se establezcan. La novedad no exime a los funcionarios en mención de la obligación establecida en los artículos 67 de la Ley 906 del 2004 y 9° de la Ley 1474 del 2011. Por último, agregó que los aspectos relativos a los reportes realizados serán coordinados por la Secretaría de Transparencia.