Teniendo en cuenta que a los usuarios de servicios públicos les asiste el derecho a que el costo del servicio se determine de acuerdo al consumo y que todavía existen zonas del país en las cuales no se ha realizado la estratificación, las empresas de servicios públicos pueden implementar un mecanismo provisional que les permita facturar adecuadamente el servicio, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos. En todo caso, dicha actuación no remplaza la competencia a cargo de los alcaldes municipales de decretar la estratificación ni los exime de las responsabilidades derivadas de la omisión en el cumplimiento de sus funciones.