Las empresas de servicios públicos en las que exista participación estatal, sin importar el porcentaje, están obligadas a reportar información en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, pues el deber previsto en el Decreto 4085 del 2011, que establece la estructura, funciones y planta de personal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no riñe con el hecho de que algunas empresas estén sometidas a un régimen jurídico especial, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos.