Si el prestador de servicios públicos, habiendo certificado la disponibilidad del servicio, encuentra que, por razones de capacidad de acceso y producción, no puede atenderlo, ello no lo sustrae de matricular al usuario o a los usuarios del proyecto certificado, pues asumió el compromiso de atenderlos, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos. En este caso, debe asumir las consecuencias de la imposibilidad y se configura una falla en la prestación del servicio, que debe evaluarse respecto a si se debió o no a razones de fuerza mayor o caso fortuito o a negligencia o imprevisión, y habrá lugar a las sanciones administrativas correspondientes. La viabilidad técnica de conectar un predio a las redes matrices del servicio no implica solo la posibilidad física de unir infraestructura de transporte o conducción, sino de contar verdaderamente con la capacidad de atender la posible demanda, señaló la entidad.