Frente al decreto de la pérdida de la investidura del representante a la Cámara Edgar Alexander Cipriano Moreno, el Consejo de Estado advirtió que el tráfico de influencias queda estructurado a pesar de no haberse establecido el provecho que se pretendía obtener, ya que lo que cuestiona esta causal no es la consecución del beneficio, en este caso económico, sino la irregularidad de la conducta puesta en marcha por quien ostenta un cargo representativo de elección popular. Finalmente, la Sala concluyó, frente al caso objeto de estudio, que la eventual falta de materialización del provecho económico no tiene incidencia en la configuración de la actuación anómala adelantada a cambio de dinero, “pues es suficiente que haya hecho prevalecer su condición para ofrecer la posibilidad de concretar los nombramientos en virtud de la labor que podía adelantar ante otros funcionarios públicos” (C.P. Carlos Enrique Moreno).