La restricción a la contratación pública prevista en el artículo 33 de la Ley 996 del 2005 (Ley de Garantías Electorales), frente a la eventualidad de la reelección presidencial, es aplicable desde el momento en que se manifiesta el interés de ser reelegido, es decir, seis meses antes de las elecciones presidenciales y solo aplica respecto a las figuras de presidente y vicepresidente, sin que sea viable ampliar tal ámbito a otros órganos vía analógica. Así lo precisó la Contraloría General de la República, en oficio de julio.