El Consejo de Estado advirtió que el transporte de petróleo y sus derivados es un servicio público de alto riesgo, de interés nacional y con contenidos muy cambiantes, por lo que debe ser regulado por el Gobierno y no por vía legislativa. De esta forma, la corporación negó varios cargos que pretendían la nulidad del Decreto 4299 del 2005, que regula materias relacionadas con el transporte de combustibles. A juicio del consejo, la exigencia al distribuidor minorista para que exhiba la marca del distribuidor mayorista protege al consumidor, toda vez que le permite identificar el origen del producto que adquiere. Por otra parte, señaló que esta regulación no desconoce la libertad económica y libre competencia, sino que impone la protección del interés general, la prevalencia del bien común y la preservación de la seguridad nacional. Sin embargo, declaró nula la expresión “de suministro”, contenida en los artículos 15 y 21 del decreto, puesto que prohibía a los agentes distribuidores de la cadena de combustibles a regular sus relaciones por medio de una contrato distinto del de suministro (C.P. Maria Claudia Rojas Lasso).