El Decreto 224 de 1972 establecía que en caso de muerte de un docente que aún no hubiera cumplido el requisito de edad para pensionarse, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles educativos por lo menos 18 años, el cónyuge y los hijos menores tendrían derecho una pensión conocida como “pensión post mortem 18 años”. El Consejo de Estado explicó que aunque en ese decreto se fijaba un límite máximo de cinco años para disfrutar la prestación reconocida, la Ley 33 de 1973 derogó ese límite y convirtió la pensión en vitalicia. El alto tribunal aclaró que esta pensión es distinta de la de sobrevivientes, prevista en la Ley 100 de 1993 (C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila).