El objetivo del proyecto de ley es establecer como requisito para el otorgamiento de la tarjeta profesional, además de los que actualmente existen, la acreditación de la aprobación de la prueba de Estado de calidad de la educación realizada por el Icfes a los egresados de todos los programas de educación superior, cuya presentación es hoy un requisito obligatorio para el otorgamiento del grado por parte de las instituciones de educación superior. En opinión de los ponentes, la presentación de la prueba es necesaria porque la abogacía es una actividad que entraña riesgo social y en esa medida es obligación del Estado cerciorarse de que quienes pueden comprometer los derechos de terceros cuentan con los conocimientos y las competencias mínimos para hacerlo con idoneidad. En efecto, el ejercicio de la profesión de abogado afecta de manera directa la consecución de los derechos de sus clientes y en esa medida es un deber ineludible del Estado garantizar al ciudadano que sus apoderados o gestores tengan los conocimientos mínimos para asumir responsable y éticamente la defensa de sus intereses, representando así la más alta expresión de la defensa de los derechos individuales de la persona humana y la garantía de respetar los que establece la Constitución, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica que debe reinar en un Estado de Derecho. Será la Comisión Primera la responsable de definir el futuro de la iniciativa en esta etapa legislativa.