Con la sanción de la Ley 1673, fueron reguladas y establecidas las responsabilidades y competencias de los avaluadores en el país para prevenir los riesgos sociales de inequidad, injusticia, ineficiencia, restricción del acceso a la propiedad, falta de transparencia y posible engaño a compradores y vendedores o al Estado. De igual manera, se crea el registro abierto de avaluadores, el cual se conocerá por sus siglas RAA y estará bajo la responsabilidad de las entidades reconocidas de autorregulación. La norma indica que el ejercicio ilegal de esta actividad será considerado como simulación de investidura o cargo, la cual se sanciona penalmente con 2 a 4 años de prisión. En igual infracción incurrirá la persona que, mediante avisos, propaganda o anuncios actúe como avaluador inscrito en RAA, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.