El Consejo Superior de la Judicatura determinó que la duda sobre si la supuesta comisión de un delito atribuible a un agente de la fuerza pública fue en ejecución de actos propios del servicio debe favorecer a la justicia ordinaria. Así, si no existe certeza de que el caso se ajusta a las previsiones constitucionales y legales que otorgan la competencia al juez militar, debe aplicarse la regla general, que es mantener la competencia en la justicia ordinaria. En el caso concreto, la Sala Disciplinaria otorgó a la Fiscalía la facultad para asumir el conocimiento de una investigación por homicidio en contra de cinco militares, al no haber certeza de que la actuación se haya producido en medio de un combate.