El Consejo de Estado conminó a las autoridades de Barranquilla (Atlántico) a que tengan en cuenta las recomendaciones de Ingeominas respecto a las soluciones que se requieren para atender a la población afectada por el desplazamiento de tierra en masa que enfrentan los habitantes de las laderas de esa capital, especialmente en el sector de Campo Alegre. La corporación recordó que ese organismo le recomendó establecer los niveles de urgencia y conminó a la demandada a planificar todo tipo de intervención. El alto tribunal determinó que no era viable acceder a las pretensiones del actor para adecuar parques ecológicos y lineales del arroyo El Salao II, la canalización de sus afluentes y la compra de nuevos terrenos, debido a que no se han dado los estudios técnicos que lo justifiquen. Sin embargo, recordó que son varios los compromisos asumidos por la administración para con esas comunidades, como la consagrada en la sentencia T-501 del 2012 de la Corte Constitucional (M. P. María Elizabeth García).