Como contraevidente, infundada, formalista y desconocedora del principio democrático calificó el magistrado Mauricio González Cuervo la decisión mayoritaria de la Sala Plena de la Corte Constitucional de devolver al Congreso la ley estatutaria de participación ciudadana (P. L. 227/12S-134/11C). Al presentar su salvamento de voto, el jurista sostuvo que la corporación desconoció el respaldo unánime que el Legislativo le dio a la norma, se basó en la negación del valor probatorio de las certificaciones del Secretario General del Congreso y desconoció numerosas sentencias de la misma máxima instancia constitucional. Junto a González, Jorge Ignacio Pretelt se opuso a la postura vencedora, que ordenó subsanar el vicio en el legislativo, debido a la falta de votación nominal y pública y a la carencia de certeza y claridad respecto a la decisión unánime en torno a la discusión final en el trámite aprobatorio de la norma (M. P. Jorge Iván Palacio).