La Contraloría General de la República derogó la Resolución 5850 del 2007, mediante la cual reglamentó el control fiscal de los gastos destinados a la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Así las cosas, el ente de control fiscal señaló que a partir de ahora se tendrán como criterios para el ejercicio del control fiscal sobre dichos gastos los previstos por el legislador en las normas que regulan la materia en la actualidad y aquellas que a futuro se dicten sobre el particular, así como los criterios jurisprudenciales definidos por las altas cortes en sus sentencias.